La discusión sobre la renta presunta vuelve a estar en el centro del debate tributario. Este régimen, vigente hace décadas, ha permitido a pequeños y medianos agricultores, transportistas y mineros determinar sus impuestos sobre parámetros objetivos, como el avalúo fiscal de un predio o de un vehículo, en lugar de hacerlo sobre renta efectiva. Su razón de ser ha sido siempre la simplicidad administrativa y el apoyo a actividades de baja escala que, en muchos casos, no cuentan con la capacidad para llevar una contabilidad formal.
La reforma tributaria 2025 propone limitar este beneficio a quienes tengan ingresos anuales de hasta 2.400 UF, medida que, tras una aplicación gradual, entraría en pleno régimen el año 2028. En términos simples, solo los microempresarios podrían seguir tributando bajo este sistema, mientras que un número importante de los actuales beneficiarios deberá migrar, en principio, al nuevo régimen Propyme transparente. Además, la reforma busca que solo las personas naturales residentes en Chile, o empresas, comunidades o cooperativas conformadas por personas naturales con residencia en Chile, puedan acceder al régimen.
El fundamento de la medida es legítimo: reducir el uso abusivo de la renta presunta, aproximar la carga tributaria a la real capacidad contributiva, aumentar la recaudación y alcanzar equidad tributaria horizontal. Sin embargo, el desafío radica en que la solución no termine castigando a los pequeños emprendedores formales que, gracias a la simplicidad de este sistema, han podido mantenerse al día con sus obligaciones tributarias.
Exigirles llevar contabilidad, contratar asesorías permanentes y enfrentar mayores costos administrativos puede empujar a muchos hacia la informalidad, con un efecto contrario al que se busca. Así, en lugar de lograr mayor equidad entre las pymes y aumentar la recaudación, se corre el riesgo de erosionar la confianza en el sistema tributario.
La Comisión Tributaria para el Crecimiento y la Equidad, en su Informe sobre Exenciones y Regímenes Especiales de 2021, abordó de manera explícita este régimen. Allí se recomendó eliminarlo porque afectaría la equidad horizontal y generaría ineficiencias e incentivos para que las empresas no crezcan ni reporten su crecimiento. Sin embargo, de manera alternativa, se propuso mantenerlo sujeto a controles adicionales, como la incorporación del requisito de contar con un giro único para acogerse al régimen. Este informe marcó un antecedente importante para la discusión actual y la propuesta de reforma tributaria en tramitación, y evidencia que no se trata de un debate nuevo.
En efecto, la renta presunta ha sido un tema recurrente en distintas agendas de política pública en los últimos años, motivando revisiones y cambios significativos que han buscado restringir o controlar su aplicación. Así, por ejemplo, importantes reformas tributarias dictadas en el último tiempo (como la Ley Nº 20.630, Ley Nº 20.780 y la Ley Nº 21.210) han reducido los topes de ingresos para acogerse al régimen, mejorado las normas de relación y establecido o reforzado otras normas de control. Todas estas modificaciones han intentado, de alguna manera, hacerse cargo de las preocupaciones que existen en torno al régimen.
En este contexto, surgen las siguientes interrogantes: ¿Es posible rediseñar aún más el régimen para acotar los abusos y, al mismo tiempo, resguardar a quienes realmente pueden necesitar de este para cumplir con sus obligaciones? ¿O ha llegado el momento de reemplazarlo por un sistema distinto que responda mejor a los principios de equidad tributaria?
La respuesta no es sencilla. Cualquier cambio debe considerar que detrás de la renta presunta hay un número significativo de agricultores, transportistas y mineros que han podido mantenerse formales gracias a la simplicidad de este sistema. El desafío está, de esta forma, en encontrar una solución que garantice una tributación más justa y sostenible, sin poner en riesgo la viabilidad de quienes sostienen buena parte de la economía local.